Transparencia, Sanidad y Pensiones

Caminar por la cuneta de una carretera provincial o comarcal nos muestra la prueba evidente de la desidia voluntaria de las administraciones por donde pasa, no ya el estado de la carretera que es evidente, sino por la cantidad de envases de plástico y latas que se han tirado en las cunetas, hay en lugares, donde está taponado, que se convierte en un auténtico basurero.

Como quiera que las cunetas tienen su desagüe y éste se dirige a una riera próxima, siempre la hay y sino una canalización para librar a la carretera de las aguas pluviales. Como se sabe las rieras desembocan en los ríos o en el mar, pues este es el trayecto de la basura, el efecto de la basura en el mar ya está explicado hasta la saciedad, hay verdaderas islas de plástico, los animales atrapados, peces, aves, tortugas, pero paremos aquí.

Está de moda que cada ayuntamiento que se precie tenga un concejal de medio ambiente, que en la mayoría de los casos tiene dedicación exclusiva o media jornada cobrando unas cantidades nada despreciables por un supuesto trabajo, pues bien las gafas empañadas no les permiten ver las cunetas, tampoco la cantidad de árboles centenarios que los tendidos eléctricos talan, no ven nada, pero no les echemos toda la culpa.

Veamos la gran cantidad de administraciones que se superponen en el supuesto cuidado del medio ambiente:

1. Ministerio de Medio Ambiente, con sus respectivos Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, Delegaciones Provinciales, etc.
2. Consejeros de Medio Ambiente de cada una de las 17 Comunidades autónomas con sus respectivos altos cargos adjuntos, Directores Generales, Directores, Delegaciones Territoriales, etc.
3. Diputados de Medio Ambiente de las 50 Diputaciones Provinciales, con sus Directores de Área, Delegaciones comarcales, etc.
4. Consejeros de Medio Ambiente de las Áreas Metropolitanas
5. Consejeros de Medio Ambiente de los Consejos Comarcales
6. Consejeros de Medio Ambiente de las Mancomunidades Municipales.
7. Concejales de Medio Ambiente de los Ayuntamientos.
8. Agencias, Departamentos del Agua, para la vigilancia de rieras y ríos.

El personal al servicio de estas administraciones sobrepasa unas decenas de miles de trabajadores.

Con toda seguridad nos dejamos algunas administraciones públicas que también tienen competencias en medio ambiente, sin contar la Policía, Policía Municipal, Policías Autonómicas, Guardia Civil, Agentes Rurales, inspectores y otros.

Solo pedimos que recojan la basura que se deposita en las cunetas para que no vaya a las rieras, solo cuatro veces al año con personal suficiente y bien pagado, no usando el gratuito voluntariado (solo los que organizan y mandan cobran) que su labor no es la de limpiar sino de avisar y denunciar. De paso limpiar las rieras y los márgenes de los ríos, no sería excesivo y se daría trabajo a personas paradas.

Se preguntarán si esto tiene un coste, por supuesto, pero mayor es el coste para el medio ambiente y la naturaleza. Además este coste se puedo sufragar con el gasto que ocasiona la superposición de administraciones con la misma competencia, las cantidades que se destinan a los grupos políticos, a los grupos municipales y a los diputados provinciales, consejeros, concejales de medio ambiente y a los numerosos asesores que no se preocupan de su población. Por otro lado se evitarían los gastos que ocasiona los tapones de basura y cañas que cuando hay lluvias torrenciales causan inundaciones y destrozos en fincas, carreteras y puentes.

Elijamos un pueblo y una carretera cualquiera con una población de 2.000 a 10.000 habitantes y una concurrencia normal, bajemos del coche y demos un paseo por la carretera, ahí está la prueba, pero abundemos más, en los lugares que las lluvias torrenciales no se han podido llevar las botellas y envases de plástico y las latas, podemos comprobar que llevan años allí, la fecha de caducidad es la prueba.

Los políticos no están ciegos, están tan llenos de soberbia que no quieren ver lo mal que lo hacen: fincas rústicas convertidas en basureros, apropiación de caminos rurales, modificación del trazado de las rieras, tala de árboles centenarios por las compañías eléctricas, incineración ilegal de residuos, movimientos ilegales de tierras, vertidos de purines en las rieras y productos tóxicos en las rieras, etc., cuando callan esperan beneficios de las puertas giratorias.

Las personas y empresas que cumplen con la normativa medioambiental están sometidas a una burocracia y precios insostenibles. Una burocracia para obtener permisos de “vuelva usted mañana”, “falta el estudio técnico”, “falta el estudio ambiental”, la póliza no porque ya no lo exigen, pero si el pago de la tasa. Los precios de almacenamiento, limpieza y vertidos, resultan insostenible para los autónomos y pequeñas empresas (modo de eliminar la competencia). Dada la cantidad de administraciones competentes en medio ambiente resulta que para solicitar algo se tiene que acudir a un técnico particular para que haga el papeleo, coste sobre coste. El laberinto tiene sus beneficiarios.

Con los “magníficos” políticos medioambientales que tenemos, esperamos que aumenten los basureros ilegales en cunetas, rieras, ríos y mares, lo tienen fácil la culpa es de la gente que lo tira o vierte, no del que debe educar, vigilar y limpiar. Ellos solo cobrar sin hacer nada, solo hay que ver que no hay inspecciones y mucho menos multas.

Si la cosa sigue así algún día puede dar la casualidad que se encuentren alrededor de la misma charca pestilente el representante del Ministerio, el de la Comunidad Autónoma, el de la Diputación, el del Área Metropolitana, el del Consejo Comarcal, el de la Mancomunidad, el del Ayuntamiento, el de las Aguas y Fuentes observando como salen los vapores mortíferos y clamen al unísono: “quince días y a la calle”, ante la estupefacción de policías de todos los uniformes, la guardia civil y los cientos de inspectores con las gafas empañadas y mirándose los unos a los otros se dirán ¿Qué quiere decir eso de “quince día y a la calle”?, les responderá un joven que estaba camuflado observando.  -esta es la frase usual de los políticos cuando no quieren hacer nada, empleada para cualquier situación que no quieren solucionar, quince días en un piso para las mujeres maltratadas, quince días para los derrumbamientos de pisos, quince días para los mendigos, quince días para los inmigrantes, quince días para los desahuciados, quince días para los pobres, quince días y a la calle.

Aún se puede ver alguna luz, la meritoria labor de las vecinas del barrio de La Bordeta de Lleida que defienden el Bosquet, un ejemplo de lucha por la naturaleza. ÁNIMOS.

 

¿EL FUTURO ES UN BASURERO?. DEPENDE DE TI.

Si no se quiere aprender, enseñar no sirve para nada

El ser humano puede ser el animal más inteligente de la tierra, pero está superado por los imbéciles que son los más torpes del planeta. Cualquier otro animal huye del fuego, de los desastres y las enfermedades, los humanos imbéciles son capaces de quemar bosques, crear grandes desastres y entrar en el epicentro de la pandemia.

Entre los imbéciles se encuentran las numerosas especies de políticos que solo piensan en su beneficio particular y las puertas giratorias.

La situación que estamos viviendo podría servir como motivo para solucionar los defectos del sistema, pues nada, seguimos igual, veamos los defectos y las posibles soluciones:

Defensa de la naturaleza. Defensa del medio ambiente.

En lugar de defender la naturaleza se saquean los recursos naturales, se envenena la tierra con tóxicos y mercurio, que como es sabido se introduce en los ríos y los acuíferos, matando todo a su paso. Se talan los árboles dando paso al desierto. Se agotan  los acuíferos para grandes explotaciones agrarias y ganaderas o para campos de golf. El cambio climático es impuesto por las grandes multinacionales con sus emisiones de CO2.

Hemos podido ver que durante los tres meses que ha durado el confinamiento que en las grandes ciudades y también en el campo, la naturaleza quería recuperar lo que le pertenecía, una exhuberancia nunca antes vista, el silencio, la tranquilidad, el aire limpio, pero hemos vuelto a la locura.

Defensa de los pueblos originarios.

Son los únicos seres humanos que viven en armonía con la naturaleza, pero tienen la desgracia de que en los lugares donde viven haya árboles milenarios apetecibles para las multinacionales de la madera, estos árboles que han sido respetados y conservados por sus antepasados durante milenios, son arrasados por las máquinas, dando paso a los ganaderos o mineros para se apoderen de las tierras y de paso desalojar a los nativos. Si hay minerales o petróleo, se envían ejércitos de pistoleros para desalojarles.

En lugar de defender la vida natural de los pueblos aborígenes, se protege a las multinacionales mineras, industrias madereras, ganaderos y otros. El modo de operar es siempre igual, si se descubre oro acuden los más miserables del país, con mercurio y otros venenos, les contagian enfermedades para ellos desconocidas, si los aborígenes se quejan los expulsan de sus tierras ancestrales donde han vivido sus antepasados desde hace miles de años, si no sirve de amedrentamiento pasan a la siguiente fase los asesinan, todo ello con el consentimiento de los gobiernos.

Resulta curioso que son los únicos seres humanos que no tienen derecho a la propiedad de sus tierras ancestrales, como los gobiernos no les consideran personas no les conceden el derecho a la propiedad del territorio que en la mayoría de los casos residen en el lugar desde hace milenios, pero a los no aborígenes se les concede el derecho de propiedad por residir en el lugar durante 20, 30 o 40 años a los aborígenes nunca, o simplemente por inscribir la finca en el registro de la propiedad. Como a los pueblos originarios no se les permite inscribir las tierras comunales, son del Estado que las entrega previo pago a las multinacionales. Nunca mejor dicho la propiedad es un robo.

Consumir lo necesario.

Fiesta. Fiesta. Botellón. Gimnasio. Discoteca. Chiringuitos. Playa. Celebraciones de fútbol. Cumpleaños. Vacaciones. La libertad la entienden como consumo. Ahora en teoría no hay esclavos y gladiadores, pero no se diferencian en mucho con los inmigrantes que trabajan en el campo o de los imbéciles que son capaces de jugar con la vida de sus padres y abuelos con actividades sin la distancia debida para contagiarse y contagiarlos. Todo por el consumo, no pueden estar sin el gimnasio, la terracita del bar para que les vean o la discoteca para pavonear. Para estos imbéciles no hay vida fuera de ello.

Consumir sin necesidad productos de las fábricas del mundo donde los obreros tienen salarios miserables, trabajos sin seguridad física ni social, es la norma imperante. No importa si ya lo tienen, lo importante es comprar y sobretodo después de haber estado sin salir durante unos días. Si no salen de compras no viven, para los imbéciles es una necesidad vital, es lo que entienden por libertad

Creación de una industria pública de material de protección para las trabajadoras de la sanidad.

Se ha tenido que acudir corriendo a los intermediarios y fabricas de estos productos, pagándolo a un precio exagerado cuando lo han podido comprar. La falta de elementos de protección ha causado muchas muertes y enfermedades entre los sanitarios.

A la vista de esta carencia el Gobierno y las Comunidades Autónomas que son las competentes en sanidad, a fin y efecto de evitar lo sucedido deberían potenciar empresas públicas para fabricar estos productos y no depender de la buena voluntad de los intermediarios y fabricantes del extranjero. En Portugal se está investigando una mascarilla antivirus, en la “nación de naciones”, ni el Estado ni las Comunidades Autónomas, se preocupan, su lema es: ¡que investiguen y fabriquen otros!.

La mayoría de los productos son importados, solo hay que mirar los envases y embalajes, en algunos casos no pone ni siquiera donde han sido fabricados.

Organizar fábricas para la producción de estos materiales no precisa de una tecnología sofisticada, en algunos casos simplemente llegar a acuerdos con empresas del sector y ofrecerles pasar al servicio público.

De toda catástrofe siempre hay beneficiarios, los importadores y las empresas de producción han aumentado las ganancias en un 10.000 %. Las acciones de algunas empresas han subido un 1.000%.

Con lo que ha pagado la sanidad española: Estado, Comunidades Autónomas y hospitales públicos, a los que hay que añadir algunos ayuntamientos, se podían haber creado unas cuantas fábricas con capacidad para proteger a todos los ciudadanos. La estrategia de grandes almacenes no es de recibo puesto que una vez se agoten o se rebaje el almacenaje se tendría que comprar al precio que los piratas señalen. No se puede depender de otros que están esperando nuestra debilidad. No importa que el precio de producción salga más caro que comprar a los importadores (intermediarios) de las fábricas de Asia, al final, salen las cuentas, en seguridad, vidas y abastecimiento y hasta en precio. A la par de la creación de las industrias públicas se debería potenciar la investigación para la mejora del material de protección.

Más personal sanitario.

Es una vergüenza que los médicos que han estado al pie de la UCI tengan que manifestarse en estos tiempos porque se consideran esclavos de la sanidad española, véase sino las reclamaciones de los médicos que están haciendo el MIR, los de enfermería y por no decir el trato salarial del personal de las ambulancias.

Se ha dicho hasta la saciedad que faltaban médicos y personal sanitario, no hay cosa más fácil, más universidades y centros de formación para prepararles. Si no se hace es porque no se quiere.

Desde aquí nos solidarizamos con las reivindicaciones del personal de enfermería, MIR, ambulancieros y todo el personal sanitario.

Hospitales especializados en previsión de pandemias.

Que la sanidad no tiene que ser un negocio, sino un servicio público, estamos hartos de proclamarlo, pero no es así, el capital pirata y corsario está como loco buscando hospitales para comprar, es el gran negocio de estos tiempos y ello es debido a que los gobiernos (Estado y Comunidades Autónomas) con sus prácticas regresivas están potenciando la sanidad privada. Disponemos de una sanidad pública muy buena (podría ser mejor), pero la falta de médicos, hospitales y otros servicios sanitarios han generado unas listas de espera de meses, esta estrategia favorece a la sanidad privada, decimos estrategia porque está claro que a más listas de espera más personas se apuntan a la sanidad privada en la creencia de un mejor trato y más rapidez, pero en los casos graves remiten a los enfermos a la sanidad pública. Otro caso son los conciertos con hospitales privados, lo hemos visto con esta pandemia, unos acuerdos rayando al delito (servicio de UCI, 42.000 euros). Algunos ministros, subsecretarios y consejeros se están ganando el futuro de las puertas giratorias.

No importa que los hospitales estén vacíos, tanto mejor y que los sanitarios estén esperando, como los bomberos.

Ya hemos dicho que el tiempo de espera de los sanitarios debería servir para la formación. Imaginemos un hospital en el que hay sanitarios que esperan a los enfermos en el centro de estudios, en la biblioteca, en el laboratorio, en la sala de conferencias y mesas redondas. Lugares donde se intercambian conocimientos y experiencias, ¡qué maravilla!. Se preguntarán como pagarlo, sencillo, con el ahorro que supone una buena sanidad pública.

Qué triste debe ser la soledad del médico rural, de una enfermera o del especialista en el hospital comarcal de una de las provincias vaciadas, Zamora, Teruel, Soria, Palencia y otras. Qué alegría poder compartir unas horas con compañeros de un CAP de Barcelona, Madrid o Valencia intercambiando experiencias o asistir a una conferencia sobre enfermedades raras o con compañeros de los otros servicios sanitarios como enfermería, ambulancias, camilleros, trabajadoras administrativas, auxiliares de enfermería. Todas aprenderían de las experiencias de los demás, habría una comunicación más directa, sin prisas, colaboración en definitiva. Esto es la formación continuada.

Todo lo demás es utilizar a los sanitarios como mercancía como en la sanidad privada, tantas visitas tanto dinero. La sanidad privada no forma especialistas les exige que estén formados, por eso la mayoría son trabajadores de la pública que hacen pluriempleo, en muchos casos es un complemento para tener un salario digno.

Esta pandemia nos ha mostrado una de las caras más perversas: la política, que ha utilizado a eminentes científicos como fuerza de choque involuntaria contra otros partidos y comunidades. La inexperiencia y desconocimiento de los científicos de lo que son en realidad los políticos, les ha llevado a creer en los cantos de sirena, pero cuando ya no los necesitado los han tirado como a los pañuelos de papel después de limpiarse la nariz. La política para los políticos y la ciencia para los investigadores, el científico tiene que ser independiente de la política, no ser seguidor de nadie, solo de la ciencia.

Qué extraordinario sería un centro de investigación donde pudieran compartir experiencia y trabajo científicos de los hospitales de Barcelona, Madrid, Valencia con los del CSIC y otros hospitales y no someterlos a una carrera individual.

Si no conociéramos lo que han padecido nuestros compañeros sanitarios no nos creeríamos lo de la pandemia, pero nos han contado de primera mano el trabajo que ha habido en las UCIs, el estrés que han pasado, el miedo a contagiar a sus seres queridos, porque a los políticos lo único que les interesa es la economía, el turismo, las terrazas de los bares, al parecer los contagios no importan.

NO HAN APRENDIDO NADA.

TODO SEGUIRÁ IGUAL.

LOS IMBÉCILES NOS SEGUIRÁN GOBERNANDO.

Esta epidemia nos ha cogido a todos con el paso cambiado; hay “sabios” que dicen que lo habían previsto, pero no propusieron soluciones. Era fácil, sólo cabían dos opciones: una que lo que venía era grave, y otra, que se estaba a la espera de los acontecimientos. Nadie presentó alternativas. Después de que hayan dado el número de la lotería todos lo acertamos.

No se puede criticar sin proponer soluciones, criticar solo sirve para ganar votos, audiencias y engañar a los crédulos.

Nosotros no teníamos ni tenemos la varita mágica para solucionar esta pandemia, por lo que no podemos criticar cómo se ha llevado. Pero hemos visto unas deficiencias tremendas que deben atajarse, y por ello proponemos algunas soluciones para el futuro inmediato, que debe empezar ya. Ganas nos quedan de meternos con el Gobierno y las Comunidades Autónomas, pero zapatero a tus zapatos. El problema esencial es de sistema, mientras no cambie el sistema padeceremos sus daños.

Como que la experiencia debe servir de algo, proponemos una serie de medidas para que no vuelva a darse la falta de material médico y sanitario, de centros hospitalarios, de médicos y sanitarios, de investigación médico sanitaria, residencias de calidad, servicios funerarios públicos eficientes. Para ello es necesario que, por parte de los poderes públicos, se tomen medidas, y la ciudadanía las reclame. Seguidamente desglosamos cada uno de ellos.

Sanidad pública

La sanidad pública no es un negocio, ni debe funcionar como tal. Es un servicio público, necesario para cuidar de todos los ciudadanos. Debe estar regido por funcionarios públicos en todos sus estamentos, con salarios de funcionarios públicos. La sanidad pública no debe estar regida por parámetros económicos, tal como ocurre en otros servicios públicos. Hay funcionarios públicos con conocimientos suficientes para ser buenos gestores, solo falta elegir bien, teniendo en cuenta únicamente sus habilidades para el cargo.

No puede ser que haya listas de espera en casi todas las áreas de la medicina. La única que debe haber es la de los médicos y sanitarios, esperando en la biblioteca o el centro de investigación del hospital (donde deben ejercitar sus conocimientos teóricos y prácticos) la llegada de enfermos. Un ejemplo lo tenemos en los bomberos, no hay lista de espera para apagar incendios, y cuando no hay incendios están en su centro ejercitando sus conocimientos, estudio, ejercicio físico, etc.

No puede haber conciertos con hospitales privados, los cuales, por supuesto, están regidos por empresarios ávidos de beneficios, solo hay que ver las últimas compras de hospitales privados concertados por empresas corsarias. No se puede entender que, pudiendo hacerlo un servicio público, se concierte la visita o la operación a un hospital privado. El concierto supone una serie de listas de precios por servicios que ofrece el hospital privado y que paga la Seguridad Social, no cabe duda que la empresa privada de ello obtiene un beneficio, que de hacerlo un hospital público sería más barato.

No se puede exigir a los sanitarios un número de visitas, lo que debe priorizar es la calidad.

Industria farmacéutica pública

La industria farmacéutica pública debe formar parte de la estrategia sanitaria, no se puede depender de la industria privada prácticamente deslocalizada en los países asiáticos.

Se deben crear laboratorios farmacéuticos públicos para producir los medicamentos más necesarios y esenciales, no se puede estar a expensas de que llegue en aviones del lejano oriente, además, defectuosos y a precio de oro.

Es importante que en esta industria colaboren y formen parte los investigadores públicos para que den paso a la creación de nuevas medicinas o tratamientos, lo que en un principio puede ser todo gasto. Con los nuevos descubrimientos se llegaría a amortizar.

Industria de material sanitario pública

Depender de otros países en casos de crisis sanitaria es una aberración, no puede suceder más. Se deben crear empresas públicas para la fabricación y mejora del material sanitario. No puede ser que se compren respiradores a China pudiéndolos hacer en el país, y que no haya una industria que los fabrique, o que se tenga que correr para pedir mascarillas, guantes y otro material sanitario. La vida de las personas no puede depender de las antípodas. Posiblemente esta industria pública resulte más cara, pero salva más vidas. ¿Cuántos sanitarios han perdido la vida por falta de material médico adecuado?

Esta industria deberá disponer de un centro de investigación y mejora de productos sanitarios, además de disponer de lugares para almacenarlos.

Investigación médico sanitaria pública

La investigación médico sanitaria debe ser lo más importante de un país que se precie de estimar a la ciudadanía. No se puede depender de otros países, es una obligación de los gobernantes.

Generaciones de investigadores están trabajando en otros países, por falta de centros y dinero para la investigación: personas que están dando lo mejor de sí mismos en otros lugares, pudiendo hacerlo aquí. Es como si se plantaran árboles frutales y cuando empiezan a dan la fruta se regalan. El coste de preparación básica lo produce España, y el beneficio lo recoge otro país. Más tonto no se puede ser.

Hay que dotar de medios suficientes a los centros de investigación públicos, para que puedan desarrollar los investigadores toda su capacidad. No puede ser que, en los pocos centros de investigación que hay, los investigadores encadenen contratos sin llegar a ser fijos nunca. Los investigadores deberán ser funcionarios públicos, a lo cual accederían mediante oposición o concurso de méritos.

Esto en principio es muy caro, pero cuando haya resultados se podrá amortizar. Cada investigador puede aportar mucho más de lo que percibe. Invertir en investigación es un beneficio para cualquier país, tanto económico como de salud.

Más hospitales públicos

Hemos visto los recortes sanitarios promovidos por los “iluminati” de la economía, grandes gestores del dinero público para empresas privadas, que después se han colocado en altos cargos en las empresas favorecidas.

Se debe disponer de lugares dignos para casos extremos, en lugar de dejar que se muera la gente por falta de hospitales adecuados.

No importa que sobren habitaciones hospitalarias, lo grave es que falten o que no dispongan del material adecuado. En los casos de carencia, cada minuto que pasa son vidas que se pierden; no se puede jugar a la economía y, de paso, con las vidas de los ciudadanos.

Más personal medico sanitario

En esta crisis se ha tenido que recurrir a estudiantes de medicina y de ciencias de la sanidad, a médicos extranjeros a los que rápidamente se les ha homologado el título, a médicos y personal sanitario jubilados, que seguramente cuando acabe la crisis se les abandonará, sin tener en cuenta los servicios prestados y que se han jugado la vida por ayudar a los demás.

Las universidades deben preparar más médicos y enfermeros, y los centros de ciencias de la salud a los auxiliares necesarios, que en el caso de que no haya trabajo, se puedan dedicar a impartir sus conocimientos en la enseñanza, en la investigación o en la prevención tan necesaria.

Residencias públicas de calidad

Las residencias para ancianos y discapacitados se han convertido en un negocio, pero en su mayoría pagado con dinero público. Se han convertido en almacenes para viejos y discapacitados, en los que unas maravillosas personas (lo han demostrado) aportan sus cuidados, por un salario de miseria (el empresario para obtener beneficio rebaja prestaciones y salario). La concentración y almacenamiento de internos hace que los contagios de enfermedades se den con más facilidad: se debe crear un protocolo para que esto no se produzca. No puede ser que no haya espacio suficiente para los residentes. Un país que no respeta a sus ancianos no tiene futuro.

El personal de las residencias debe cobrar un salario adecuado al trabajo que realiza y con personal suficiente, auxiliares, enfermeros, médicos, especialistas, etc.

Servicios funerarios públicos

Hemos visto que algunas funerarias, aprovechando la situación, han pedido ingentes cantidades de dinero para enterrar a los ancianos, mientras que al personal le pagan una miseria, con el riesgo que tienen.

Recientemente se han privatizado los servicios funerarios, antes municipalizados, indudablemente para que empresas privadas ganen dinero a costa del dolor de las familias. Los servicios funerarios públicos no constituyen un negocio sino un servicio público, que debe estar gestionado por funcionarios especializados, sin ánimo de lucro. Los precios deben ser oficiales y publicados en la prensa oficial (boletín de la provincia, municipio, etc).

Se preguntarán cómo se financia todo esto, pues bien, veamos:

1. Aumentando estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado hasta lo que sea necesario.

2. Ahorrando el dinero que cada año el Estado, el Parlamento, el Senado, los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, los ayuntamientos, las entidades municipales regalan a los partidos políticos. Millones de euros en concepto de subvenciones, que en la mayoría de los casos se gastan en comilonas, alquileres de locales o entregas al partido, para pagar a sus altos cargos.

3. Ahorrando el dinero que se entrega cada año a los sindicatos y asociaciones patronales. Cada vez que hay elecciones políticas o sindicales el Estado regala a los partidos políticos y sindicatos decenas de millones de euros, que utilizan para pagar a sus altos cargos.

4.- El Estado y las Comunidades Autónomas conciertan con hospitales privados unos precios por intervenciones quirúrgicas sencillas y poco complicadas, ya que, en el caso de que sean de gravedad, pasan directamente a hospitales públicos. Estos hospitales privados obtienen un considerable beneficio, que podía ahorrarse la sanidad pública.

5.- Las ventajas de la investigación y las empresas públicas farmacéuticas y sanitarias con sus descubrimientos y producción. Cada millón invertido, a la larga produce ciento. Podemos estar orgullosos de nuestros investigadores, que trabajan con pocos medios y, aún así, están en la brecha. Es una inversión a largo plazo, pero fructífera.

6.- Retirada de coches oficiales no esenciales, de dietas por actuaciones que no se llevan a cabo, comidas de trabajo que no son de trabajo.

7.- Retirada de los comedores y bares para recibir a personas “importantes”, ubicadas en los ministerios, consejerías y ayuntamientos.

8.- Una eficaz inspección de trabajo y seguridad social y de Hacienda que recaude y sancione a los fraudulentos.

9.- Obligar y sancionar los alquileres no declarados.

10.- Persecución de la economía sumergida.

11.- Eliminar los privilegios fiscales a las empresas de capital pirata.

Todo esto y muchas medidas más haría posible una sanidad para todos y todas.

A cuenta de esta pandemia, se está destapando el gran negocio de algunos desalmados, a los que la necesidad y la carencia de material médico ha proporcionado una gran “oportunidad” para enriquecerse. No estamos hablando del tendero o el farmacéutico del local de al lado, sino de las grandes empresas deslocalizadas, que se fueron a hacer negocios a la China y a otros países de Asia, aprovechando que en esos países la falta de control y seguridad, en empleos con salarios de hambre, era la norma general. Asia se ha convertido en la gran fábrica del mundo, pero para poder fabricar barato, tenía que haber salarios de saldo y sin medidas de seguridad, derechos laborales y sindicales, y sin medidas ambientales.

En estos tiempos de coronavirus, hemos podido comprobar la actuación de las empresas de Asia, especialmente China, en cuanto a la venta de los productos sanitarios. Para poder comprar respiradores y material de protección, el Gobierno y las Comunidades Autónomas han tenido que acudir, en primer lugar, a los intermediarios, que pueden ser varios, dependiendo de la experiencia del comprador: uno en España y varios en China, que intermedian en la compra con las fábricas de China. Estas fábricas, o los intermediarios almacenistas que compran producciones enteras, normalmente piden la entrega de la mitad de su valor al hacer el pedido, y llegan, en algunos casos, a pedir la totalidad, o a subastar la mercancía al mejor postor, debido a la necesidad de los países. Se han dado casos en que el avión, donde estaba el material, se fue a otro país que pagaba más.

Estas empresas, como parte del negocio, tienden a rebajar la calidad del producto, que es lo que ha sucedido con los tests de coronavirus y material sanitario que se han tenido que devolver. Todos han sido engañados: Gobierno, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, donantes. Como todos han sido estafados, ahora callan. Recordamos las compras de material de prevención, que ha ido, desde una mascarilla de papel, un recortable de tela de algodón, a mascarillas de baja calidad: todos han caído en la trampa y lo han pagado a precio de oro.

El cuento chino está claro, producen barato y sin garantías para los obreros y el medio ambiente; consiguen sus ganancias, pero una vez creada la necesidad de su monopolio, venden al precio que quieren, ya que no tienen competencia.

En un momento de necesidad como el actual, en el que falta de todo, y la escasez hace que se acuda corriendo a los intermediarios (que sin ellos, como se ha dicho, no se puede comprar), aprovechan estos corsarios para meter goles: falsa homologación del producto, material de inferior calidad a la pedida, tests al 20% (y por lo tanto de eficacia nula), baja producción del material, para mantener los precios alzados… En fin todas las picarescas posibles sin que les preocupen las vidas humanas.

La falta de una industria de productos sanitarios, y la deslocalización de las que había ha traído estos lodos. ¿Cómo puede ser más barato un producto fabricado a 10.000 kilómetros de dónde se va a utilizar? Algo falla. Los que critican estas compras fallidas no dan alternativas, simplemente porque desconocen el mercado. Ellos no lo harían mejor, seguramente no saben ni gestionar su casa.

De todas formas, nos comprometemos a investigar las compras de material sanitario hechas por el ministerio de sanidad, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y publicar su resultado.

La alternativa a esta picaresca criminal es la creación de una industria pública para la producción de estos productos de material sanitario que, aunque resulte más cara, nos ayuda a no depender de piratas y corsarios. En casos de crisis no se puede ir mendigando material sanitario.

Tenemos que obligar al gobierno para que inmediatamente proceda a crear una industria pública de material sanitario y de investigación para la mejor protección de los sanitarios y personas.

Este país, de momento llamado España, era conocido mundialmente por tener 47 millones de entrenadores de futbol, pero lo que no se sabía era que también había 47 millones de virólogos, cuestión que el coronavirus ha destapado, ¡Afortunado país que tiene tanto investigador!.

Los medios de información, sobretodo la televisión, nos muestran la sabiduría innata, de presentadores, tertulianos, periodistas y otros “sabios” invitados, que tienen la capacidad de solucionar, en un plis, la pandemia del coronavirus. Todos lo saben todo, todos tienen el remedio, desde la lejía al cóctel de medicamentos; otros dicen que se tenían que haber tomado medidas antes, y están pidiendo poder tomar el chupito en la terraza de un bar; otros que se está coartando la libertad, cuando ellos son liberticidas. En fin, soluciones para todos los gustos. El trabajo que hacen estos “virólogos mediáticos” es el de las audiencias, que dado el nivel del país, a mayor burrada que dicen, mayor es la audiencia, y de paso, se les sube el salario.

Los políticos, harina de otro costal, después de rebuznar durante el día todo lo que quieren, por la noche acuden al laboratorio a mirar si han subido en las encuestas, que a mayor dosis de rebuznos, mayor subida en las encuestas. Unos, los más antisociales, aprovechan la cuarentena para pedir libertad para salir a la calle; otros, los perdidos en el tiempo, piden poder cerrar su chiringuito para que los foráneos no les contagien; otros, que los demás no saben gobernar y ellos sí; otros se hacen eco de los bulos que les interesan; y aún otros que, con ellos habría habido menos muertes, aunque dejaran desatendidos a los ancianos en las residencias de los lugares donde gobiernan.

Malos tiempos para gobernar: no les arrendamos las ganancias. Un país que funciona a base de encuestas y audiencias, es un país que huele mal.

Todos compran mejor y más barato el material sanitario, pero desconocen el mercado y las formas de trabajar de ciertos empresarios, esto ya lo explicamos en otro artículo. Cuando se han puesto a comprar, les han vendido material de deshecho, inservible e inoperante.

Todo el mundo hace críticas de lo más sangrientas y absurdas posibles, algunos vividores televisivos se meten con la ropa y la forma de hablar de alguno de los coordinadores, otros dicen que el ministro de sanidad tenía que ser médico, ¿de cuál de las 100 especialidades? El ministro tiene que saber gestionar y coordinar las diversas áreas de la sanidad, que cada una tiene sus técnicos responsables y para eso se les paga.

En este momento de pandemia no se pueden decir tantas tonterías, solo cabe formular propuestas y presentar una mejor gestión, pero como no tienen propuestas, solo ponen piedras en el camino, y a gozar con los fracasos de los demás. Si critican las compras de material sanitario, es que no saben como funciona el mercado; si critican la forma de llevar la pandemia, que propongan su alternativa, con sus medios y científicos. La oposición al gobierno en la mayoría de los países ha sido ejemplar, en cambio, en España: cainita, bruta, traidora, visceral, desconocedora de lo que pasaba, solo interesada en las encuestas. No les preocupa que la gente muera, solo les preocupan las encuestas.

Cuando todo acabe, si acaba, ya pediremos cuentas al gobierno y a sus gestores, entendemos que ahora no ha lugar, porque no hemos visto una alternativa posible en los críticos, y nosotros no podemos aportar una alternativa.

Nos olvidábamos, y 47 millones de listillos.

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En el mes de octubre de 2019 a los vecinos de 18 municipios (Pallejà, Badia del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat del Vallés, Torrelles de Llobregat, Barberá del Vallés, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, El Papiol, Cervelló, La Palma de Cervelló, Begues, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Santa Coloma de Cervellò y Badia del Vallès, les llegó por sorpresa el pago de un nuevo tributo impuesto por el Área Metropolitana de Barcelona. La excusa ha sido la rebaja de la zona 2 a la zona 1 en el transporte. Este Tributo se aprobó el 16 de octubre de 2018, y se empezó a aplicar a finales de 2019, con el apoyo de los grupos de PSC, ERC y los Comunes, que ha llevado a los ciudadanos, sorprendidos por esta inicua decisión, a participar en múltiples protestas, manifestaciones y concentraciones ante los ayuntamientos, la presentación de miles de recursos contra el Tributo, y otras acciones. Algunos ayuntamientos han mostrado su solidaridad con los ciudadanos, pero no han tomado decisiones en contra. Solo el ayuntamiento de Barberá del Vallés, en un estudiado recurso, se ha opuesto, y ha solicitado a los Tribunales la nulidad de este Tributo aberrante. Algún jurista ha calificado el Tributo como ilegal y de plena nulidad.

Solo en Pallejà los vecinos han presentado más de 1.500 recursos; en otros pueblos se han hecho concentraciones ante los ayuntamientos e igualmente se ha recurrido el Tributo. A fecha de hoy, aún no han resuelto.

El AMB, ante las protestas, ha desplazado a los municipios afectados a una serie de empleados (con un buen sueldo), para intentar convencer de las bonanzas del Tributo, atribuyéndole unos supuestos servicios (que presta el AMB), como transporte, gestión de residuos, parques y jardines, zonas deportivas y otros servicios. Para colmo, la AMB ni siquiera ha presentado un proyecto justificativo del destino del dinero recaudado.

Hay que tener en cuenta que los 18 municipios ya venían contribuyendo anualmente a los gastos del AMB en función a los habitantes de cada pueblo, por lo que el Tributo supone una doble imposición, prohibida en nuestra legislación vigente. Este Tributo supone pagar dos veces (una el ayuntamiento y otra el ciudadano) por los mismos supuestos servicios.

Este Tributo adolece de los requisitos más elementales para su creación, Entre otros:

-La transparencia: ha sido ocultada la fecha de su aplicación y, sobre todo, el destino final del dinero recaudado.

–La información: no se ha informado a los ciudadanos afectados para que pudieran presentar las pertinentes alegaciones y recursos.

–La participación ciudadana: no se ha llevado a información pública y no han participado los afectados por el Tributo, todo a escondidas.

Además, este Tributo es:

Discriminatorio. Solo pagan los propietarios de las viviendas, locales, terrenos, aparcamientos, etc. sin tener en cuento los ingresos actuales de esos propietarios, pensionistas, viudos/as, discapacitados, etc. Los que no son propietarios no pagan.

Desproporcionado. No se han tenido en cuenta servicios que tienen otras poblaciones como Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Sant Boi, tales como: Metro, Ferrocarriles, Tranvía, taxis o autobuses: igualan en la cuota, pero no en los servicios que debe ofrecer el AMB, antes de enviar el recibo.

Abusivo. No actualizan ni implantan las tarjetas T-4, T-Rosa, las cuales han dejado para más adelante. En otras ciudades del Área Metropolitana se las han proporcionado (Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Sant Boi, etc). Te piden que pagues pero sin los beneficios de otros pueblos y ciudades.

Tramposo.El Tributo fue aprobado en octubre de 2018, nada se dijo porque venían las elecciones de noviembre y empezó a aplicarse a finales de 2019. Se ocultó la imposición del tributo por motivos electorales.

Engañoso. El Tributo es simplemente para compensar el cambio de tarifas de la zona 2 a la zona 1, el engaño está en que se pretende justificar con la prestación de unos servicios que solo están en la imaginación de los políticos, ya que no se ha presentado proyecto alguno: ni planes ni nada que se le parezca. Tampoco cuentan la recaudación que supone el cambio de tarifas y el beneficio de que se utilice el transporte público por más personas.

Es un impuesto sobre el transporte. La única prestación que proporciona el AMB es el transporte. A no ser que incluya los salarios de los 52 políticos puestos a dedo.

Desigualdad de trato. Al aplicarse sobre el IBI y conociendo que cada ayuntamiento ha revisado el valor catastral en años diferentes, se incurre en una desigualdad de trato en el cobro del impuesto.

La finalidad única de este Tributo es la movilidad, o sea el transporte, ya que los demás servicios, o se pagan con otro tributo (gestión de residuos) o con el pago del servicio que, en muchos casos, se ha privatizado (piscinas y zonas deportivas).

Si la finalidad es la movilidad, y el transporte no se ha mejorado, ¿para qué quieren tanto dinero?. Sencillamente, para pagar a los cargos puestos a dedo, o más bien DEDAZO. La AMB tiene en nómina a 52 cargos de asesores puestos como se sabe a DEDO. La mayoría de estos cargos son residuos de alcaldes y concejales de ayuntamientos, que en la empresa privada no encontrarían trabajo, y hay que colocarlos por los servicios prestados al partido, no a los ciudadanos.

La rebaja de la zona dos a la zona uno ha sido la excusa para la imposición del Tributo que se aplica sobre el valor catastral (IBI), sin tener en cuenta el año en que ha sido revisado: los propietarios a los que se le haya revisado hace poco pagarán, lo que supone una muestra más de injusticia y un agravio comparativo, que habría de conllevar por sí solo a la nulidad del Tributo. La revisión del IBI depende de cada ayuntamiento, que puede haber sido entre 2004 a 2016.

Y como colofón a esta tomadura de pelo, se ha rebajado a la zona uno, pero sin las ventajas de otras poblaciones, ya que no se ha hecho efectiva las tarjetas T-4 y T-Rosa, lo cual constituye un agravio comparativo con Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, etc. Estas tarjetas ni están ni se las espera.

La falta de decoro por la ocultación de la fecha de la imposición del Tributo, a la espera de que pasaran las elecciones y la no aplicación de las tarifas sociales generales de la zona uno, es una muestra de la perversidad de estos políticos de saldo.

El cuento de la movilidad se rompe cuando los ciudadanos tenemos que desplazarnos a al centro hospitalario de referencia (Martorell), o para cualquier gestión en administraciones públicas fuera de la población y que estén en otras zonas (Sant Feliu).

En definitiva, este Tributo se ha impuesto única y exclusivamente para pagar los sueldos de los 52 asesores puestos a dedo que continuarán creciendo, porque hay que dar pesebre a los amigos y clientes. El dinero se les va en sueldos.

La nulidad del Tributo viene cuando a la AMB le resulta imposible justificar la finalidad del dinero recaudado, no amplían servicios, no prestan nuevos servicios. Lo más grave es que ni siquiera los tienen proyectados: es un Tributo indecoroso.

Y llegamos a lo más importante, en este Tributo cuya finalidad única es la movilidad, se aplica una doble fiscalidad: una por el cobro del Tributo y otra por el precio del billete. Se está pagando dos veces por un mismo concepto por viajar en transporte público.

¿Quién nos asegura que este Tributo no va a parar a los salarios millonarios de los cargos impuestos a dedo del Metro, Autobuses y Ferrocarriles (FFCC y Rodalies)?.

En cada uno de los 18 pueblos se han creado grupos contra el tributo. Había una serie de movilizaciones propuestas, entre ellas una concentración ante el Ayuntamiento de Barcelona, ya que la Presidenta del AMB es Ada Colau, pero el coronavirus lo ha impedido. Cuando pase esta situación se retomará.

Parece que algunas organizaciones políticas, sociales y ciudadanas han olvidado aquella frase que se decía cada año, para protestar contra las subidas de precios del transporte público: TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO.

El coronavirus está destapando lo mejor y lo peor de la sociedad: por un lado, estamos viendo al personal de sanidad que está en primera línea, en muchos casos diezmado por la enfermedad, a las trabajadoras de los centros de alimentación, a los recaderos, transportistas, personal del transporte público, recogida de basuras y otros, que están cumpliendo con una formidable función social: todos estos trabajadores cuentan también con sus víctimas. Estas personas cada día van a trabajar sometidas a un considerable estrés, sobre todo el personal de enfermería y el de caja de los centros de alimentación.

El estado de alarma, el confinamiento, la falta de libertad de circulación y de relación social, han traído consigo un nerviosismo egoísta. Grupos de tarados sociales se dedican a señalar a los que suponen culpables de la expansión del coronavirus, llegando a la imbecilidad de colocar carteles en las fincas donde pueden residir trabajadores de tiendas de alimentación, supermercados y personal médico y de enfermería, pidiéndoles que abandonen su domicilio porque les pueden contagiar, llegando a causar daños en el vehículo que utilizaba para su trabajo una médico.

Estos profesionales se merecen todos los respetos, están cumpliendo una función social sin precedentes: sin su trabajo no sería posible la convivencia y el bienestar del resto de la población.

Los médicos, enfermeras, camilleros, el personal de las emergencias sanitarias, el personal de los centros de atención primaria, el personal administrativo están en primera línea de combate, por eso cada día salimos a las ocho de la noche a aplaudir su trabajo y dedicación, sin ellos no es posible la salud, muchos han caído en este combate.

El personal de las tiendas y supermercados de alimentación y otros productos de necesidad, que cada día salen de su casa para hacernos la vida más llevadera. Los transportistas que llevan los alimentos a estos establecimientos, sin los cuales no sería posible el abastecimiento. Los trabajadores de los transportes públicos, metro, tren, autobús, taxis, que facilitan la comunicación y el traslado en casos de necesidad y para que los empleados de empresas de trabajos esenciales se puedan trasladar. La recogida de basuras y limpieza de las calles: sin su trabajo se añadiría otro problema y otras enfermedades. Todos estos trabajadores y otros de lo que nos podemos olvidar están haciendo posible sobrellevar esta situación angustiosa.

El Código Penal tiene artículos en los que perfectamente se encuadran estas actitudes de odio a las personas por su trabajo. La fiscalía tiene que actuar de oficio contra estos tarados sociales y no clasificar estos delitos como delitos leves sino la realidad, delitos graves con entrada en prisión inmediata, no se puede consentir que personas que cumplen una meritoria función social sean estigmatizados con motivo de su dedicación al servicio a los demás. Todos estos tarados dejan pruebas para que se les pueda encausar y condenar. Es importante tomar medidas contra estos actos deleznables.

Si estos tarados sociales no quieren enfermeras, médicos y cajeras de supermercados como vecinos, lo tienen fácil, ir a vivir a lugares apartados de la sociedad, sin posibilidad de atención médica o poder abastecerse de alimentos.

GRACIAS: ENFERMERAS, MÉDICOS, PERSONAL SANITARIO, TRANSPORTISTAS, CAJERAS Y PERSONAL DE TIENDAS DE ALIMENTACIÓN, TRABAJADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS, TRABAJADORES DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA, entre otros.

Las personas que, durante estos días y, desgraciadamente, en los venideros han fallecido en actos de servicio a la comunidad, ya no pueden ser recompensados, pero sí los familiares que dependían de ellos, y de los que se desconoce su situación y sus necesidades.

Para ello, es preciso que en cuanto se tenga noticia del fallecimiento de un sanitario (entendiendo por sanitario a cualquier persona que trabaje en la organización de la salud pública y también los trabajadores de la sanidad privada que hagan trabajos de emergencia para la sanidad pública) se tomen inmediatamente las medidas pertinentes para socorrerle.

Al personal sanitario, que con tanta dedicación está librando este combate, se le debe recompensar con un plus económico a cargo del erario público de las Comunidades Autónomas transferidas y del Ministerio de Sanidad.

A los estudiantes de Medicina, Ciencias de la salud y formación profesional que se hayan presentado voluntariamente para esta lucha, aparte del salario correspondiente a su trabajo, se les debe compensar con una puntuación especial como premio al compromiso, en el caso de que se presenten a cualquier oposición o servicio dependiente de la sanidad pública.

A los titulados que por emergencia sanitaria se les ha homologado la titulación, aparte de la compensación anterior, se les debe conceder la nacionalidad de forma inmediata por motivos de solidaridad y ayuda a los enfermos de esta pandemia.

El sufrimiento de los sanitarios es doble, por ellos y por sus familias: el temor a fallecer y el temor a contagiar a familiares. Esta situación de padecimiento y angustia se debe premiar de alguna manera, no sólo económica sino de agradecimiento de la población.

A las cuidadoras de residencias de ancianos y dependientes que se han quedado encerradas con los enfermos y residentes, para que estuvieran libres de contagios externos, aparte de merecerse el agradecimiento general, sería necesario un incentivo económico por su gesto de humanidad, además de una puntuación para acceder a trabajos públicos.