No puede mezclarse lo público y lo privado, ya que siempre gana lo privado.
Un hospital público lo gestionan funcionarios públicos que están sometidos a unos requisitos como oposiciones, salarios tasados, servicio público. La finalidad de un hospital público es el beneficio de la colectividad, el bienestar de las personas, no hay intereses económicos.
En un hospital privado uno de los principales objetivos es el beneficio para sus propietarios y socios, lógicamente ningún organismo público controla la contratación del personal. No cabe duda que un buen hospital privado atrae a una clientela selecta económicamente que está dispuesta a gastarse su dinero.
El gran engaño está en financiar con dinero público a hospitales privados o a privatizar o semiprivatizar hospitales públicos, consultorios o centros de atención dispensarios. No es de recibo que se estén pagando intervenciones médicas a hospitales privados teniendo cerrados los quirófanos de los hospitales públicos o que se les entreguen las intervenciones sencillas a los centros privados y que las intervenciones importantes se hagan solamente en los hospitales públicos.
Los salarios de los funcionarios públicos están reglados, los salarios de los directivos de los hospitales privados están sometidos a una sola regla: salarios de escándalo para los directivos, salarios miserables para los demás trabajadores.
Defensa de la función pública.
La función pública es una garantía de que la gestión que se realizada es correcta, por lo que no debe estar sometida al criterio del político de turno, sino a un mandato en beneficio de la colectividad.
Los funcionarios son servidores públicos que realizan su trabajo única y exclusivamente en beneficio del bien común, de la colectividad, por lo que cualquier desvío de esta obligación debería ser sancionado. Los servidores públicos por el hecho de trabajar para la colectividad tienen una serie de garantías como; puesto de trabajo garantizado (está garantía la han ganado por oposición pública); un salario más o menos correcto y unas garantías procesales. Los funcionarios como servidores públicos deben tener un salario acorde con el trabajo que realizan, pero siempre les debe permitir una vida decente.
La entrada de personal ajeno a la función pública dentro de la administración es un intento de los políticos de turno de controlar y desviar el dinero público. Los cargos importantes de la administración los deben ostentar funcionarios públicos debidamente preparados y cualificados, con la garantía de que el salario de estos funcionarios es público. No puede ser que se contrate personal de libre designación fuera de la función pública, hay funcionarios suficientemente cualificados para asumir estos cargos, lo demás es intentar deteriorar el servicio.
No es cierto que un hospital privado o unas pensiones privadas estén mejor gestionadas que las públicas. En las pensiones privadas está claro, el gran engaño, solo hay un beneficiario, el gestor del fondo. En los hospitales privados se busca el beneficio de los propietarios, socios o accionistas y sobretodo de los directivos con sus sueldos millonarios, el sueldo de un directivo de un hospital privado es de 10 a 50 veces superior al de un director de hospital público. ¿Pero como se consiguen estos sueldos? Bien sencillo, la mayoría de los trabajadores del hospital privado, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de oficina, cobran sueldos menores que en la pública y los horarios son superiores. No hay misterio en conseguir beneficios en las empresas de servicios, menos sueldo, menos personal, menos material, y más horas trabajadas. El beneficio para el directivo.